El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) aplaudió este sábado una orden judicial que obliga al Estado colombiano a indemnizar a la periodista Claudia Julieta Duque por años de acoso y vigilancia, y la consideró "una medida poco común contra la impunidad en el país" que debería instar al cambio a las autoridades.

Desde 2001, Duque fue objeto de amenazas, seguimientos y hasta un secuestro tras realizar una investigación sobre la muerte del reportero Jaime Garzón, asesinado en 1999 en Bogotá por paramilitares, y en 2009 denunció haber recibido llamadas amenazantes del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, Policía Secreta) contra su hija, por lo que tuvo que abandonar Colombia.

Un tribunal de Cundinamarca decidió el martes pasado a favor de Duque, lo que supone "un reconocimiento necesario y tardío de la complicidad del Estado colombiano en el acoso" de la periodista y también "una medida poco común contra la impunidad en el país", según dijo en una nota la coordinadora del CPJ en Centro y Suramérica, Natalie Southwick.

"Las autoridades colombianas deberían tomar esta oportunidad para hacer reparaciones a Duque y adoptar las medidas necesarias para garantizar que ningún otro periodista tenga que soportar nunca la persecución que ella ha sufrido", agregó la directiva del CPJ.

El tribunal halló que varias entidades del Gobierno, incluyendo las oficinas del fiscal general, el inspector general, el Ministerio del Interior y el ya extinguido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fueron responsables de delitos de vigilancia ilegal, amenazas y tortura psicológica, y no respondieron a las amenazas contra Duque y su hija.

Asimismo, ordenó a las autoridades tomar medidas para poner fin a otras violaciones de los derechos de los periodistas e indemnizar a Duque y su familia con unos 438 millones de pesos (117.000 dólares, aproximadamente).

EFE